La tensión entre el Ajuntament de Salou y la empresa Amsamar, propiedad de la antigua Aduana aún no ha aflojado. Aunque, por primera vez después de ocho años de litigios, ambos se han hecho llegar sendos documentos a la otra parte, con los que estudiar cómo llegar a un acuerdo.
El primer paso lo dio el Ajuntament de Salou el pasado viernes al hacer llegar a la empresa Amsamar un documento sobre el que plasmaba las bases que pueden propiciar el convenio que desbloquee la falta de acuerdo entre ambos, y, sobre todo, evitar que la propiedad impugne los presupuestos municipales de 2012, después de que el Ajuntament desestimara en el Pleno del miércoles las alegaciones que Amsamar hizo sobre estos presupuestos.Propuesta municipal a la que la empresa propiedad de la Aduana ha respondido con un segundo documento en el que recoge nuevos fundamentos, comunicados al Ajuntament hace cuarenta y ocho horas, en la tarde del miércoles. Y que, previsiblemente, serán estudiados por los responsables municipales.
Dos documentos distintos, pues, sobre las mesas de Ajuntament y de la empresa Amsamar, después de ocho años, con los que tanto la administración pública como la empresa pueden cercar una solución. Propuestas con distintas bases, pero con un objetivo: el convenio definitivo. Puntos en los que, al parecer, no existen grandes diferencias, lo que puede propiciar un inminente acuerdo entre Ajuntament y la empresa Amsamar.
Se acabaría, así, un litigio en el que ni una parte ni otra han dado a conocer nunca las diferencias que han provocado esta parálisis urbanística, que comenzó en octubre de 2003, con la aprobación del actual Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que cambió el uso del terreno, al pasar de residencial a hotelero. Cuatro meses antes de que, curiosamente, el entonces alcalde de Salou, Esteve Ferran, que teóricamente estaba asesorado por los mismos técnicos urbanísticos de ahora, en una entrevista a un medio local, en febrero de 2004, dijera que “en estos momentos no tiene sentido la creación de nuevas plazas hoteleras”.
Palabras aquellas que, sólo cuatro meses después de cambiar el uso de la antigua Aduana, levantaron muchas suspicacias, y que provocó el que Amsamar presentara alegaciones y un recurso contencioso al no estar de acuerdo con esta modificación.
Recurso contencioso que en agosto de 2010 el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) condenara al Ajuntament de Salou y al Departament de Política Territorial i Urbanística de la Generalitat a pagar una indemnización a la promotora. Indemnización que la empresa pidió recientemente su ejecución al TSJC y por la que puede llegar a impugnar los presupuestos municipales de 2012, al no haberse recogida sus alegaciones en el último pleno. Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
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