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Entra en vigor la nueva ley contra las ocupaciones ilegales de pisos

Entra en vigor la nueva ley contra las ocupaciones ilegales de pisos

Este lunes, 2 de julio, entró en vigor la nueva ley contra las ocupaciones ilegales de viviendas, que se aprobó en el Congreso de los Diputados el pasado mes de abril. Esta normativa agiliza el procedimiento para la recuperación del inmueble en el caso de propietarios particulares (así como entidades sin ánimo de lucro o administraciones que posean viviendas sociales), reduciendo este plazo de dos o tres años, a dos o tres meses. 

“Esta ley nos ayudará para que, como mínimo, los particulares dejen de tener miedo. Hemos ganado mucho” explica Àlex Savé, administrador de fincas y mediador en casos de ocupación ilegal. Es importante diferenciar entre los casos de ocupación de una vivienda por necesidad extrema, a los que se producen a raíz de mafias que operan en la Costa Daurada. Ahí es donde entra en funcionamiento el trabajo de los mediadores.

“Cuando el piso es propiedad de un banco vamos a la vivienda, analizamos la situación de la familia, los acompañamos a servicios sociales y se pone en marcha la maquinaria para determinar cuál es su situación”, explica Savé. En este sentido, la práctica totalidad de los pisos que se ocupan en Salou son propiedad de entidades bancarias. En el caso de ser familias necesitadas, se les busca una vivienda con alquiler social. Sin embargo, en un número elevado de casos los ocupas reclaman una cantidad de dinero para abandonar el piso. “Te encuentras a muchos oportunistas que lo que hacen es convertir la ocupación en una forma de vida para sacar dinero a costa de bancos, empresas o particulares”.

Las mafias localizan el parque de viviendas vacías de los bancos y se encargan de hacer un seguimiento previo antes de ‘dar la patada’. “Entran normalmente los viernes por la tarde y colocan a familias, porque transcurrido el plazo de 48 horas se entiende que es su primera residencia y los fines de semana ningún banco está operativo”, detalla Savé.

Con la nueva normativa, “el juzgado requiere a los ocupantes de la vivienda para que aporten en el plazo de cinco días desde la notificación de la demanda a los mismos, un título (normalmente documento por escrito) que justifique la posesión por los ocupantes; si no se aporta dicha justificación suficiente, el Juzgado ordena la inmediata entrega de la vivienda al propietario”, cuenta el abogado de Salou José María Langelaan.

A pesar de no disponer de un censo exacto de pisos ocupados, el Ayuntamiento de Salou calcula que actualmente hay unas 50 viviendas ocupadas de forma ilegal en la ciudad. “La competencia directa en este tema la tienen los Mossos d’Esquadra, pero desde la Policía Local se trabaja para evitar que se produzcan ocupaciones. El primer paso es actuar cuando los vecinos detectan movimientos extraños para prevenir que entren los ocupas, que es un logro crucial”, explica el concejal de Seguridad Ciudadana, David González. 

Aunque asegura que el problema de los ocupas no es grave en Salou, el edil reconoce que antes de la temporada de verano se produce un repunte de casos. Entre los principales problemas originados en los edificios con ocupas, González  señala que se producen quejas por ruidos y por pinchar la luz y el agua a la comunidad.

Darrera modificació elDilluns, 09 Juliol 2018 20:40

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