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El nuevo código penal: cambios legales para las empresas

El nuevo código penal: cambios legales para las empresas

El pasado día 1 de julio entró en vigor el nuevo Código Penal. En el texto se incluyen novedades sustanciales en lo que se refiere a la responsabilidad penal de las empresas. No solo se pretende que sea un cambio normativo, sino un cambio en la práctica empresarial del país, de forma que se fomente la “buena práctica empresarial”.

La responsabilidad penal de la empresa implica que ésta puede ser sujeto pasivo de un procedimiento judicial y se le pueden imponer penas que pueden ir desde una sanción, al cierre de establecimientos o la intervención judicial, hasta incluso la pena de muerte de la sociedad (es decir, la disolución por mandato judicial de la sociedad). Los delitos a los que puede estar expuesta la sociedad pueden ser desde delitos de corrupción (tráfico de influencias, soborno, etc) hasta delitos medioambientales o contra la salud pública.

El aspecto esencial de esta reforma es una modificación del artículo 31 bis. En dicho artículo se introduce una posibilidad para que las empresas queden eximidas de responsabilidad penal. Para ello la sociedad debe haber adoptado modelos de organización y gestión con medidas efectivas de control y vigilancia de los diferentes delitos posibles. Este modelo pasa por la instauración de un programa de prevención de delitos penales que se integre en el control interno de la Sociedad, y se nombre un responsable de la vigilancia del cumplimiento de la normativa interna.

El programa de prevención de delitos penales no es obligatorio para las empresas, pero sí muy recomendable, puesto que puede significar, en caso de un posible delito, que la sociedad quede totalmente eximida de responsabilidad. Para la creación de un buen programa preventivo se deben evaluar distintos aspectos: el tamaño de la sociedad, los posibles delitos a los que puede estar expuesta, el sistema de control interno existente… Se tendrá que nombrar a un responsable del programa, crear un canal de denuncia y procedimientos para la imposición de sanciones a sus componentes. No bastará con la redacción de un programa de prevención, sino que éste debe ser objeto de un continuo seguimiento y control que garantice la buena práctica empresarial. Este cambio normativo puede resultar tedioso puesto que obliga a las empresas a incrementar sus controles internos y crear un órgano de control, sin embargo, a largo plazo, podría ser un cambio muy positivo para el tejido empresarial, permitiendo que la empresa se autorregule internamente en el cumplimiento de las normas jurídicas, y dotando a la propia empresa de una conciencia hacia la buena práctica empresarial.

Darrera modificació elDijous, 09 Juliol 2015 17:07

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