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Vila-seca tendrá su propia ordenanza ‘antibotellón’

Vila-seca tendrá su propia ordenanza ‘antibotellón’

Vila-seca será uno de los municipios pioneros en la demarcación en contar con una ordenanza específica para combatir el consumo indebido de bebidas alcohólicas en espacios públicos, popularmente conocido como ‘botellón’. Este fenómeno se suele regular a nivel municipal dentro de otras ordenanzas de civismo más generales, pero ahora Vila-seca ha aprobado de forma inicial una nueva norma específica. Policía Local y Mossos d’Esquadra serán los garantes de que esta ordenanza se cumpla, con multas que pueden ascender hasta 3.000 euros.

Entre las medidas innovadoras que incorpora la ordenanza ‘antibotellón’ de Vila-seca se encuentra la posibilidad de sustituir las sanciones a los menores de edad que cojan bebiendo en la calle. En estos casos, el menor o sus padres/tutores pueden acordar llevar a cabo una intervención educativa o terapéutica, en caso de que sea necesaria, en vez de pagar la multa.

La nueva normativa, que se encuentra en exposición pública y puede ser objeto de alegaciones antes de su aprobación definitiva, incorpora otras medidas de carácter social. Son medidas para personas indigentes o con necesidades de atención social o médica especiales. En estos casos, cuando se incumpla la ordenanza los agentes se encargarán de informar a la persona sobre las posibilidades de asistencia que tiene e intentarán contactar con la familia.
Del mismo modo, en los casos más urgentes pueden incluso acompañar a la persona para que reciba la asistencia necesaria.

La ordenanza contempla sanciones tanto para los consumidores como para los suministradores de bebidas alcohólicas en la calle. En este sentido, son infracciones leves, con multas de hasta 750 euros, tanto beber en la calle como vender bebidas alcohólicas sin autorización para ello.

Además, el ‘botellón’ que pueda alterar la convivencia y el descanso de los vecinos se considerará infracción grave, con sanciones entre 750 y 1.500 euros. Se considerarán infracciones muy graves cuando los organizadores de espectáculos o dueños de establecimientos fomenten y permitan el consumo o tráfico de sustancias estupefacientes, que se multarán con hasta 3.000 euros.

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